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Una barrera menos para el emprendedor
29/05/2012
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El Gobierno ha aprobado la eliminación de una de las pesadas cargas burocráticas que los
emprendedores españoles arrastran a sus espaldas cuando deciden poner en marcha un negocio.
La desaparición de las licencias municipales previas para la apertura de comercios con una
superficie inferior a 300 metros cuadrados constituye, según explicaba la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, un primer paso hacia la supresión de esa obligación
también para locales de mayor superficie y otro tipo de actividades de negocio. Como se encarga de
recordar periódicamente el Banco Mundial a través de sus informes Doing Business, la legislación
española obliga a los empresarios a esperar entre 6 y 18 meses -son datos de 2012- para poder
colgar el cartel de abierto en los establecimientos comerciales. Si en épocas de bonanza económica
ese plazo resulta cuanto menos desincentivador, su efecto sobre la iniciativa empresarial y la
creación de empleo en tiempos de crisis es demoledor.
Hasta ahora, la escasa flexibilidad de las normas españolas al facilitar la inauguración de
actividades comerciales situaba a nuestro país en los informes del Banco Mundial en un oscuro
puesto 133 de un total de 183, a mucha distancia de los países desarrollados. Ello tiñe nuestro
entramado normativo de una inevitable aura de sospecha, insólita e injustificada, hacia la actividad
empresarial, sometida a un farragoso control administrativo previo que no existe en la mayor
parte de las legislaciones de nuestro entorno y cuyo único fruto consiste en dificultar la actividad
económica y la creación de puestos de trabajo. No debería hacer falta recordar que eliminar las
licencias previas no equivale a la anarquía en la actividad empresarial, sino únicamente el traslado
de la acción fiscalizadora de la Administración a un momento posterior.
Por todo lo anterior, la medida aprobada por el Gobierno es una buena noticia. No obstante, debería
ir más allá. La promesa de ampliar el ámbito de aplicación de la medida a más sectores y a locales
comerciales de mayor extensión debe adoptarse lo antes posible, dada la coyuntura económica
en que España está inmersa y la perentoria necesidad de crear puestos de trabajo. No solo los
pequeños comerciantes, sino el grueso del tejido empresarial, lleva años reclamando la supresión
de esta barrera burocrática. Es el caso de los bares y restaurantes, que por el momento han
quedado excluidos de la medida, pese a su potencial en la actividad económica. Bajo la prerrogativa
de las comunidades autónomas y la revisión del Gobierno queda ahora la posibilidad de ampliar el
ámbito de la medida. Es no ya conveniente, sino necesario y urgente, que ambos hagan uso de ella.
Fuente: Cincodias.com
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